Córdoba pedirá a EE.UU. impulsar un acuerdo para avanzar en la Ley de Justicia y Paz

  • Washington, 22 may (EFE).- La senadora opositora colombiana Piedad Córdoba dijo hoy que pedirá al Departamento de Justicia de EE.UU. que gestione un acuerdo de cooperación judicial con Colombia para dotar de garantías a los paramilitares extraditados, con el fin de que colaboren en el proceso de Justicia y Paz.

Córdoba pedirá a EE.UU. impulsar un acuerdo para avanzar en la Ley de Justicia y Paz

Córdoba pedirá a EE.UU. impulsar un acuerdo para avanzar en la Ley de Justicia y Paz

Washington, 22 may (EFE).- La senadora opositora colombiana Piedad Córdoba dijo hoy que pedirá al Departamento de Justicia de EE.UU. que gestione un acuerdo de cooperación judicial con Colombia para dotar de garantías a los paramilitares extraditados, con el fin de que colaboren en el proceso de Justicia y Paz.

"El martes (próximo) nos reuniremos con el Departamento de Justicia para instrumentar lo necesario para que las confesiones salgan adelante y el Estado colombiano y el norteamericano concedan garantías de seguridad y jurídicas", afirmó la legisladora.

Córdoba se reunió hoy en una prisión en Washington con el ex comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso, quien le reiteró su voluntad de continuar cooperando con la Justicia colombiana bajo la Ley de Justicia y Paz.

En declaraciones a los periodistas acampados en las afueras de la prisión, Córdoba dijo que la voluntad de cooperación de Mancuso se ha visto obstaculizada porque los familiares de este se encuentran amenazados en Colombia, y por "la negación de la Justicia colombiana de garantizarles ningún tipo de protección".

"No existen instrumentos jurídicos de ninguna clase, ni una estructura que permita que los bienes de los paramilitares vayan a parar al fondo de las víctimas en Colombia y no se queden aquí. La extradición impidió la continuación del proceso de reparación", denunció la senadora del opositor Partido Liberal.

La congresista tenía previsto entrevistarse también con Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", pero el encuentro fue cancelado y en su lugar se reunió con el abogado del paramilitar, Joaquín Pérez.

El letrado consideró que un acuerdo de cooperación debe incluir garantías para los paramilitares, como las de la protección de sus familias, la tramitación de visas estadounidenses de sus esposas e hijos y una negociación de sus condenas.

Según Pérez, su cliente está dispuesto a acogerse a la Ley de Justicia y Paz pero sólo si recibe ciertos incentivos.

"Jorge 40" quiere, por ejemplo, que su eventual testimonio se tome en cuenta cuando se establezca la sentencia que recibiría por los cargos de narcotráfico que afronta en Estados Unidos.

Córdoba se encuentra de visita en EE.UU. junto con una comitiva integrada por miembros del colectivo de intelectuales Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP) y del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado, además del senador Rodrigo Lara.

La visita de Córdoba a EE.UU., que se prevé dure hasta mediados de la próxima semana, se produce después de que Mancuso solicitó en una carta dialogar con ella sobre su situación y el proceso de audiencias para rendir sus versiones.

En la carta, Mancuso explicaba que las "dificultades logísticas" para realizar audiencias de versión libre desde EE.UU. están causando una "dilación importante al trámite de los procesos".

También pidió la creación de mecanismos que garanticen que las propiedades expropiadas vayan a la reparación de las víctimas.

Córdoba calificó su encuentro con Mancuso como "un primer paso fundamental" para resolver el problema, y añadió que había sido importante para avanzar hacia un escenario de reconciliación entre víctimas y paramilitares.

Al parecer, Mancuso, que se desmovilizó en 2005 y fue extraditado a EE.UU. en 2008 por delitos de narcotráfico, pidió perdón a Córdoba y al senador Lara por los daños que haya podido causar cuando fue jefe de las AUC.

Córdoba también ha mediado en el proceso de liberación del cabo Pablo Emilio Moncayo, secuestrado por las FARC desde hace más de diez años, algo que ha causado tensiones con Bogotá puesto que el presidente Álvaro Uribe rechaza la participación de la senadora.